No sólo la sedición: Sánchez negocia con Bildu la reforma legal que sacará a 50 etarras de la cárcel

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez airea la negociación con ERC para reformar el delito de sedición, disminuyendo significativamente las penas de prisión asociadas a éste, el PSOE avanza discretamente en otro frente. En este caso, con EH Bildu. Los equipos negociadores de ambas formaciones, designados de cara a los Presupuestos Generales del Estado, ya se han comprometido a llevar al Congreso una reforma de la Ley Orgánica 7/2014. Un instrumento legal promulgado por el Gobierno de Mariano Rajoy para evitar que los presos de ETA se beneficiasen de un acuerdo europeo que les rebajaba la pena a aquellos etarras -unos 50 actualmente- que ya hubieran cumplido condena en Francia. El Gobierno, de hecho, ya tiene preparado el argumentario: coló una mención a la reforma en su Plan Normativo Anual para 2022.

EH Bildu también quiere lo suyo a cambio de apoyar los Presupuestos. Y al igual que ocurre con el separatismo catalán, Pedro Sánchez está dispuesto a dárselo. En el caso de los de Arnaldo Otegi no es ningún secreto: una vez acercados, buscan sacar de las prisiones vascas al centenar y medio de presos de ETA que aún cumplen condena. El desafío está en los presos de larga duración porque la solución para los demás está en modelo del «arraigo» de Iñigo Urkullu.

Uno de los frentes de batalla de Bildu, haciendo suya la demanda de la red de presos de ETA, es la modificación de la Ley Orgánica 7/2014. La misma cuya redacción impide que aquellos etarras que ya han cumplido condena por un delito concreto en Francia, por ejemplo, integración en banda armada, convaliden esos años y se los ‘desgraven’ de su pena en España.

Pacto

Esta es, explican, una de las exigencias que el equipo negociador de los de Otegi ha planteado a sus interlocutores socialistas. Son Patxi López, por parte del PSOE, y Maite Aizpurua, por parte de EH Bildu, quienes han conducido la negociación de este asunto, que ha finalizado con el compromiso firme por la parte socialista de llevar hacia adelante la reforma. Según ha sabido OKDIARIO de fuentes conocedoras de los detalles de la negociación, PSOE y Bildu ya tienen un acuerdo al respecto.

No será un proceso fácil ni rápido. Como informó OKDIARIO el pasado mes de septiembre, el Gobierno buscaba un atajo legal que le permitiera, mediante alguna disposición adicional, una lectura más laxa de esa Ley Orgánica.

Sin embargo, la búsqueda de ese atajo resultó infructuosa. No cabe más vía para acometer la reforma que llevar la Ley ante el Congreso y modificarla siguiendo el trámite previsto: someterla a votación y ganarla por mayoría. Y a eso es a lo que se ha comprometido el PSOE como contrapartida al apoyo de EH Bildu a los Presupuestos.

Reforma

Al Gobierno de Pedro Sánchez no le coge por sorpresa la exigencia de EH Bildu. No es nueva, ya se la planteó en 2020 y en 2021. Pero no ha sido hasta este 2022 cuando el PSOE ha preparado el terreno para ejecutar la modificación.

De hecho, cuando llegue el momento de anunciarlo, el PSOE ya tiene incluso el argumento para desvincular la modificación de su pacto con Bildu por los Presupuestos. Moncloa incluyó una mención a ello en su Plan Normativo Anual para 2022. Un documento de 134 páginas elaborado por el Ministerio de la Presidencia que incluye un compendio de todas las leyes y Reales Decretos que se pretenden modificar a lo largo del ejercicio en curso.

El objetivo de esa reforma legislativa, según explica el texto, es «modificar la rigidez del actual sistema» de los registros administrativos que dan apoyo a la Justicia y permiten el intercambio de información de antecedentes con el resto de países de la Unión Europea. Un sistema cuyo funcionamiento actual, en base a esa Ley Orgánica que se busca modificar, «impide la retransmisibilidad de todas las sentencias dictadas por los tribunales españoles como de las recibidas por las autoridades centrales de otros Estados miembros». De esa forma, se sustituiría ese sistema «por otro más flexible y acorde con el principio de reciprocidad, con arreglo al tratamiento que le dan otros Estados a este parámetro».

Tras esa exposición, no apta para no iniciados en terminología jurídica, se esconde la intención del Gobierno de hacer «más flexible» la aplicación de esa Ley Orgánica 7/2014, adaptándola a la legislación europea -Acuerdo Marco 2009/315-. Precisamente, la norma europea que motivó la creación de esta ley, por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, para evitar que se convirtiese en un coladero para los presos de ETA.

De aprobarse, esta normativa «más flexible» permitiría que las defensas legales de quienes se encuentran presos por delitos de terrorismo, similares a otros cuya pena ya hayan cumplido, puedan pedir una revisión del tiempo de condena.

Cambiar leyes

La izquierda abertzale sabe que con las leyes actuales es prácticamente imposible sacar de prisión a las condenas más largas. Ya lo es incluso para las más exiguas, las que son susceptibles de recibir el tercer grado y pasar al régimen que se encuentran de frente

Así lo reconoció el propio Otegi hace justo un año, cuando horas después de su declaración desde el Palacio de Ayete («El dolor de las víctimas nunca debió haberse producido») por el décimo aniversario del anuncio del fin de ETA, el líder abertzale reconoció ante sus militantes que los presos están en el «frontispicio» de su estrategia y necesitan que el Gobierno de Pedro Sánchez continúe «cuatro años en el poder».

Pero en aquella declaración, que Otegi pensaba que no se haría pública, confesó la clave del asunto: «La única opción que existe [para sacar a los presos] es cambiar la ley. Pero para cambiar esa ley nosotros tenemos que obligar a un Gobierno como este a introducir un cambio legislativo que favorezca a los presos de ETA, con todo lo que eso quiere decir». Una tarea que, como la definió Otegi, es «la madre de todas las batallas». Ya ha comenzado, y Bildu lleva la delantera.